La embarcación express “Lilia Concepción” ya está operativa desde la madrugada de este martes. Según Consecomercio, desde 2007 entró en vigencia instrumento legal que plantea una Superintendencia para normar irregularidades de este tipo, pero no es puesto en práctica.
Durante esta temporada alta, las llegadas y salidas de turistas han representado una verdadera odisea. La oferta ha sido superada por las solicitudes en medio de una gran afluencia de pasajeros que, a la hora de la verdad, una vez que entran a la isla de Margarita no tienen asegurada su salida de manera puntual.
Desde la madrugada del sábado la situación fue aún más crítica debido a las averías que presentó la embarcación express “Lilia Concepción”. Una ola de quejas y reclamos ha sido constante, generadas por personas rezagadas en varios de los viajes que han tenido que ser reprogramados. Ante este escenario, la compañía involucrada se ha visto en la obligación de indemnizar a sus usuarios al menos con hospedaje y comidas.
Sin embargo, las molestias están a la orden del día. Otras empresas navieras de la región tampoco se dan abasto para cubrir la alta demanda que se registra para estas fechas. Pero más allá de esto, surgen numerosas inquietudes que obligan a preguntarse a qué se debe la crisis del transporte marítimo y las consecuencias que -sin duda alguna- dejan desestímulo entre la población turista que acude a la región insular para disfrutar de sus bondades.
Conferry
Entretanto, representantes de Conferry han endurecido sus canales de comunicación con la prensa. Al respecto su gerente general, José Jesús Fernández, manifestó que no está autorizado para declarar y se ofrecería algún tipo de información en el momento oportuno. Por lo pronto alegó que se está trabajando, tanto en las reprogramaciones como en la corrección de los desperfectos mecánicos de los barcos, para solucionar los inconvenientes que se han venido generando de forma fortuita, al igual que “un automóvil presenta fallas en el momento menos esperado”.
Para Erich Hartkopf, directivo del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) y presidente ejecutivo de la Cámara Venezolana de Distribuidores de Repuestos, Equipos Pesados y Agrícolas (Cavedrepa), la intención no es apabullar a los empresarios del sector del transporte marítimo; sin embargo, justifica que en Venezuela gran parte de las inversiones decaen por falta de mantenimiento y previsiones.
Ante este contexto, cree necesario y urgente que el Gobierno nacional ponga en práctica la Ley de Conservación y Mantenimiento de los Bienes Públicos, un instrumento jurídico que entró en vigencia tras ser publicado en Gaceta Oficial el pasado 28 de agosto de 2007 y hasta la fecha no se ha buscado dar cumplimiento a su parte operativa.
En aquel entonces, este gremialista participó en la consulta pública, como representante de Cavedrepa, convocada por la Asamblea Nacional (AN) para redactar la referida legislación. El texto plantea la creación de una Superintendencia Nacional para la Conservación, Protección y Mantenimiento de los Bienes Públicos y Privados de uso Público; último tópico que se ajusta al caso de los ferrys u otras propiedades que, aunque no son del Estado, prestan sus servicios a la colectividad.